
“Educación para un país sin violencia”
MANIFIESTO A LA NACIÓN
Con profunda convicción de que es posible construir entre todos –los hombres y mujeres que poblamos esta tierra bendita de El Salvador- un país sin violencia, entregamos este día el documento que recoge el trabajo de diez grupos de enfoque, convocados por el Consejo Nacional de Educación (CNE), el cual es un organismo adscrito al Ministerio de Educación creado mediante Acuerdo del Órgano Ejecutivo número 97 y publicado en el diario oficial con fecha 9 de diciembre del 2010. Entre sus atribuciones, El CNE –instancia de carácter técnico y consultivo- tiene la potestad de abrir espacios, escuchar y tomar en consideración las opiniones de otras instituciones sociales.
Para cumplir con esta misión, después de debatir ampliamente sobre la violencia que afecta a la comunidad educativa, decidió, llevar a cabo una consulta nacional para conocer la opinión de diez sectores representativos de la vida nacional, acerca de la situación de la seguridad en El Salvador, así como sobre las causas de la violencia y las posibles soluciones que se pueden proponer para resolverla.
Los datos recogidos fueron procesados con el apoyo técnico del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y posteriormente validados por representantes de los diez grupos que participaron en la consulta. (Ver referencia completa en:
http://www.facebook.com/CNE.Consejo.Nacional.de.Educacion).
A continuación se presenta un resumen de lo expresado por los sectores consultados, con el objeto de que sirva de referencia para la ruta a seguir en la construcción futura de soluciones a la realidad de inseguridad que se vive en nuestro país, tomando como base dos elementos clave utilizados durante el ejercicio: el diálogo y la búsqueda de consensos.
Entre los elementos que se expresaron como puntos de consenso por los sectores consultados, tenemos los siguientes:
Las maras y pandillas operan dentro o fuera de los centros educativos públicos, utilizando la violencia para coaccionar y causar temor entre los estudiantes, docentes, directores, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.
La transmisión de contenidos violentos y la elevada cobertura o exposición de hechos de violencia en los medios de comunicación, abona a la problemática de la violencia.
Existe carencia de la promoción de valores morales y espirituales tanto en el hogar como en la escuela, la iglesia y la sociedad en general.
La exclusión social, la desigualdad y la marginalidad contribuyen a generar violencia.
La deserción, el ausentismo escolar, el descenso en la matrícula y los traslados de profesores son consecuencias importantes de la situación de violencia en el sistema educativo.
Cualquier solución que se plantee debe pasar por una coordinación interinstitucional y/o intersectorial funcional con el propósito de avanzar hacia un acuerdo nacional.
Se deben diseñar e impulsar programas preventivos enfocados en talleres vocacionales, oportunidades laborales y uso productivo del tiempo libre en los jóvenes.
La calidad educativa (tanto rendimiento escolar como el ambiente) se ve seriamente afectada por el clima de miedo, amenazas y violencia que predomina en las escuelas.
Los intereses político-partidarios han sido un obstáculo para formular una política de Estado en el tema de violencia y políticas públicas inclusivas que generen bienestar social.
El debilitamiento y la ruptura de la familia impide que cumpla con su papel de protección, orientación y provisión de afecto.
En el ejercicio realizado de priorización de las opiniones predominantes sobre las causas de la violencia e inseguridad, se obtuvo la siguiente información, según orden de importancia:
1º) El debilitamiento y la ruptura de la familia impiden que esta cumpla con su papel de protección, orientación y provisión de afecto.
2º) Existe carencia de la promoción de valores morales y espirituales tanto en el hogar como en la escuela, la iglesia y la sociedad en general.
3º) La exclusión social, la desigualdad y la marginalidad contribuyen a generar la violencia.
4º) Los intereses político-partidarios han sido un obstáculo para formular una política de Estado en el tema de la violencia y políticas públicas inclusivas que generen bienestar social.
5º) La transmisión de contenidos violentos y la elevada cobertura y exposición de hechos de violencia en los medios de comunicación, abona a la problemática de la violencia.
Al indagar las percepciones predominantes sobre los impactos de la violencia e inseguridad en el sistema educativo, se obtuvieron los siguientes resultados, en orden de priorización:
1º) Las maras y pandillas operan sea dentro o fuera de los centros educativos públicos utilizando la violencia para coaccionar y causar temor entre los estudiantes, docentes, directores, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.
2º) La calidad educativa (tanto rendimiento escolar como el ambiente) se ve seriamente afectada por el clima de miedo, amenazas y violencia que predomina en las escuelas.
3º) La deserción y el ausentismo escolar, el descenso en la matrícula y los traslados de profesores son impactos importantes de la situación de violencia en el sistema educativo.
4º) Aumento de reclutamiento de estudiantes en pandillas y otras agrupaciones delictivas al interior y en los alrededores de las instituciones educativas.
5º) La proliferación de la venta y el consumo de drogas dentro de los centros escolares es un impacto relevante.
Las ideas predominantes sobre las propuestas de solución a la violencia e inseguridad en nuestra sociedad y/o en el sistema educativo, fueron expresadas -según el orden de importancia- de la siguiente manera
1º) La promoción de principios y valores morales y espirituales desde los diferentes ámbitos sociales incluyendo el centro escolar, el hogar/la familia, la iglesia, la comunidad.
2º) La adopción de un modelo de desarrollo económico que genere fuentes de empleos y oportunidades de inclusión social, especialmente en el sector juvenil.
3º) Diseñar e impulsar programas preventivos enfocados en talleres vocacionales, oportunidades laborales y uso productivo del tiempo libre en los jóvenes.
4º) Cualquier solución que se plantee debe pasar por una coordinación interinstitucional y/o intersectorial funcional con el propósito de avanzar a un acuerdo nacional.
5º) Los medios de comunicación deben revisar de forma crítica su programación para eliminar todo aquel contenido que promueva la utilización de la violencia.
La cantidad de disensos existentes entre los participantes y grupos fue mucho menor en comparación a los acuerdos. A continuación aparecen detalladas tres grandes áreas de disenso.
1º) Existe visiones encontradas en cuanto al rol de la policía dentro de los centros educativos ya que algunos participantes lo perciben de forma negativa y para ellos se constituye como un abordaje represivo ante la violencia. Mientras que otros participantes aseveran que la presencia policial dentro de los centros educativos brinda un sentimiento de seguridad a los miembros de la comunidad educativa y que es necesario para la reducción de la violencia dentro de los centros escolares.
2º) Existen ciertos desacuerdos en cuanto a cómo conseguir fondos para invertir en la problemática de la violencia dentro del sistema educativo. Algunos participantes afirman que es una buena solución crear un impuesto para la seguridad y de pedir fondos a aquellos que más disponibilidad tienen para darlo en este momento. Mientras que otros participantes afirman que nuevos impuestos no necesariamente generarán más seguridad ya que el aparato al cual irían los fondos carece de eficacia en sí. Ante esto proponen más bien un impuesto para la educación que fortalezca el sistema educativo y su capacidad para lidiar con el problema.
3º) Como caso excepcional, se constató que existe cierto disenso en cuanto al rol que juegan los medios de comunicación en la problemática de violencia, pero esto únicamente al interior del grupo mismo, ya que los demás grupos focales concuerdan en que la transmisión de contenido violento por parte de los medios de comunicación contribuye a la situación de violencia.
De las propuestas de solución novedosas que se mencionaron en los grupos focales, cuestionarios y taller de validación, se derivan algunas recomendaciones:
Replicar programas exitosos de seguridad ciudadana y seguridad escolar que se conocen, realizar un intercambio de experiencias en condiciones similares, de forma tal que puedan obtenerse aprendizajes prácticos para ser utilizados en los centros escolares.
La creación de una policía escolar, con un enfoque de proximidad y altamente formada en Derechos Humanos, familiarizada con las realidades de los centros educativos a los que se designe y que no discrimine y estigmatice a las y los jóvenes estudiantes. Que sea capaz de trabajar articuladamente con la comunidad, el centro escolar y los padres de familia en prevención de violencia y cultura de paz.
Padres y madres de familia sugieren la articulación y firma de convenios con la empresa privada y que se propicie la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, desde pasantías y trabajos a medio tiempo.
Monitoreo desde el Ministerio de Educación hacia los centros escolares para verificar el funcionamiento de las escuelas para padres/madres de familia e incentivar a que se realicen al menos una reunión al año.
Si bien se reconoce la importancia del trabajo intersectorial y multidisciplinar, es necesario que las municipalidades tomen un rol más protagónico en cuanto a la promoción de espacios públicos positivos de encuentro infantil y juvenil; lo que puede promoverse desde los centros escolares.
Se sugiere la creación de equipos multidisciplinares al interior de los centros escolares, a fin de atender de forma integra a los estudiantes. Este equipo debería contener psicólogos y trabajadores sociales.
La educación en cultura de paz, debe ser parte de la currícula educativa en todos los niveles como eje transversal, capacitando al personal docente y a estudiantes. Desde esta práctica puede contribuirse de forma importante a la prevención y reducción de la violencia.
Es necesaria una revisión y regulación de los medios de comunicación, interpelarlos a que desde sus espacios consideren programas de prevención de violencia y el tratamiento informativo que le dan a las noticias que presentan, de forma que se dignifique a la persona y no se estigmatice a la juventud. Imágenes sangrientas y crudas sobre hechos de violencia no abonan a la solución de la situación de violencia que se vive; al contrario, va insensibilizando a la población.
San Salvador, Enero 11 de 2012.
En el espíritu del Vigésimo Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz.
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